Actualización 15 de octubre: las comunidades liberaron El Caracol con compromisos sobre luz y caminos. Lee la actualización.
Tehuantepec, Oaxaca, 14 de octubre de 2026. Los pueblos mixes y zapotecas de la Sierra Mixe-Zapoteca cumplen tres días en El Caracol, sobre la carretera federal 190, en Santo Domingo Tehuantepec. Lo que exigen no debería estar a discusión: luz eléctrica que no se corte por días, un servicio que además pagan, y un camino transitable entre San Juan Mazatlán, San José El Paraíso, Santa Isabel de la Reforma y Guevea de Humboldt, que las lluvias dejaron destrozado. Son más de 10 mil personas viviendo sin servicios básicos.
La movilización comenzó el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, por acuerdo de las asambleas y autoridades de comunidades de Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Lachiguiri, Guevea de Humboldt, Santa María Guienagati y San Juan Mazatlán Mixe. De acuerdo con las propias comunidades, ya son 26 las que participan, y anuncian que se sumarán más. No es la primera vez que piden lo mismo: a lo largo del año firmaron minutas con el gobierno, y ninguna se cumplió.
La respuesta fue la Fiscalía
En su primera declaración sobre el bloqueo, el gobierno de Oaxaca dijo que la Fiscalía ya estaba atendiendo el tema. Ante pueblos que piden luz y un camino transitable, la primera respuesta del Estado fue anunciar la vía penal. No ofreció una fecha para reparar la red eléctrica ni un presupuesto para el camino: ofreció una investigación. Son derechos que deberían estar garantizados desde hace años, y los pueblos no tendrían por qué estar en una carretera exigiéndolos.
El martes 13, el gobernador Salomón Jara visitó Juchitán con su gabinete, a unos kilómetros del bloqueo. Ante la pregunta de la prensa primero evadió, luego dijo que las comunidades ya estaban siendo atendidas. Su secretario de Gobierno, Jesús Romero López, respondió con una broma: «¿qué bloqueo?, ah, no, bloqueo mental». Después advirtió que no habría avances mientras siguiera el bloqueo y se negó a ir a la región alegando falta de condiciones de seguridad.
Ese mismo día, la Fiscalía General de la República citó a Delfino Reyes González, agente municipal de Santa María Nativitas Coatlán, a comparecer este miércoles en Salina Cruz, con abogado, dentro de una carpeta de investigación federal por bloqueo de vías generales de comunicación. Las autoridades comunitarias denunciaron además que operadores del gobierno estatal las amenazaron con órdenes de aprehensión si no levantaban el plantón.
El orden de los hechos es claro: los pueblos pidieron diálogo en su territorio, el gobierno se negó a ir, y lo que sí llegó fue un citatorio penal. Delfino Reyes no actúa a título personal: cumple el mandato de su asamblea. Perseguir penalmente a una autoridad comunitaria por ejecutar los acuerdos de su pueblo es perseguir la libre determinación que reconoce el artículo 2 de la Constitución.
«Pedimos luz y camino. Eso no es un delito», respondieron las autoridades de la región.
Lo que exigen
La Asamblea General de Comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca pide el cese de las amenazas y de la persecución, una mesa resolutiva en El Caracol con funcionarios con capacidad de decisión y con sus autoridades legítimamente nombradas, y la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Este 14 de octubre enviaron una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum. El bloqueo sigue hasta que haya acuerdos por escrito, viables y verificables.
«El bloqueo no es capricho. Es la consecuencia del olvido», dice su pronunciamiento.
Organizaciones de Oaxaca, entre ellas la Unidad Anticapitalista de los Pueblos Organizados de Oaxaca, EDUCA y OIDHO, rechazaron la persecución judicial y recordaron que el Estado está obligado a garantizar la protesta y a atender las causas que la originan.